
Ha sido durante su última junta de accionistas que los responsables de Ubisoft tuvieron que enfrentarse a un tema que está en boca del mercado desde hace meses. Y es la avalancha de críticas que provocó el cierre y eliminación de uno de sus juegos de las bibliotecas de los usuarios y que ha provocado un seísmo en la Unión Europea que lleva el nombre de movimiento Stop Killing Games. Esta iniciativa exige a los publisher que los juegos comprados sigan siendo jugables incluso tras el cierre de sus servidores. Y prueba de la postura de muchos de los gamers es que la campaña ya ha superado el millón de firmas en la Unión Europea.
Fue en esa reunión de accionistas cuando el director ejecutivo, Yves Guillemot, defendió la posición de la empresa: “operamos en un mercado. Siempre brindamos mucho apoyo y servicio mientras un juego está activo, ofrecemos información sobre su duración estimada, y avisamos con 30 días de antelación antes de cancelar funciones online”. Además, dejó claro que ofrecen modos offline para juegos como The Crew 2 y Motorfest, pero subrayó que “nada es eterno” y que no pueden garantizar soporte indefinido para todos sus productos (y entendemos que consolas).
No es soporte, es quitar juegos de nuestras bibliotecas
De todas formas, para Ubisoft esto que ha ocurrido queda dentro de la normativa legal, pero muchos usuarios y defensores del movimiento Stop Killing Games han considerado siempre insuficiente las soluciones que han ofrecido. Y es que la petición no solicita que los juegos se mantengan online sin límite, sino que se disponga de una “solución a todo su ciclo de vida”: parches, modos offline o sistemas privados que mantengan la funcionalidad tras el cierre de servidores.

Además, Guillemot enfatizó que la política de Ubisoft incluyó ofrecer un descuento de 1 € a todos los que dieran el salto a The Crew 2 y el mencionado aviso previo al cierre, pero ataques como “estos no son permanentes” han aumentado las sospechas de que las decisiones se priorizan bajo criterios comerciales, no de preservación. Desde un punto de vista casi objetivo, este episodio revela una tensión creciente entre modelos de negocio digitales y los derechos del consumidor, que en la mayoría de ocasiones son pisoteados por las corporaciones, que imponen su punto de vista sin atender a otras consideraciones.
Muchos jugadores consideran que pagar por un juego —aunque sea digital— implica un derecho sobre su utilidad futura, similar a la propiedad de los libros o las películas. Este principio por el que abogan con el movimiento Stop Killing Games subraya que «retirar un juego tras venderlo puede equivaler a una práctica de obsolescencia programada», si no a algo más grave que podría desencadenar una riada de demandas contra los franceses.
De todas maneras, frente a los argumentos de una industria interesada —representada de forma oficial por grupos como Video Games Europe, que alertan sobre costos excesivos para implementar servidores privados o modos offline permanentes—, Stop Killing Games afirma que esta no es una exigencia irreal, sino una garantía de acceso básico a lo comprado. Legalmente, el caso ha avanzado: la actuación del movimiento en la UE y las iniciativas en Reino Unido e India muestran que existe un cierto apoyo político detrás, lo que podría empujar regulaciones que limiten estas prácticas. Pero veremos…
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